El consejo de gobierno de la ciudad de Madrid busca aprobar un proyecto de ley que tiene como fin proteger a los consumidores hipotecarios. La idea es garantizar la transparencia de la información que las empresas o entidades de crédito dentro del mercado inmobiliario deben proporcionar a sus consumidores. Ha sido Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad de Madrid quien destacó la necesidad por parte de los consumidores de disponer previamente a la firma del contrato de toda la información indispensable para comprender correctamente los puntos esenciales del mismo. A causa de esto, se exigirá a las empresas que entreguen a los consumidores la información precisa acerca de la identidad concedente, tipo de crédito a percibir, importe estimativo total a satisfacer por dicho crédito y aquellas obligaciones que contraerá el consumidor al momento de formalizar el contrato.
Mediante esta nueva ley se exige que toda la información que se encuentra en los contratos de compraventa de viviendas, especialmente en la letra chica, sea redactada de manera clara, concreta y sencilla. Además, se deberá utilizar el tamaño de letra adecuado para facilitar su lectura. Queda resaltado, sobre todo, el derecho del consumidor mediante el cual podrá adquirir la información necesaria previamente a la oferta vinculante. Lo que se intenta lograr con esto, es poder garantizar al consumidor el derecho de analizar el contrato con una antelación de tres días hábiles anteriores al momento de firmar la escritura en el despacho del notario. De darse el incumplimiento de cualquier condición especificada acerca del procedimiento de contratación, podría llevarse a cabo una sanción; ya sea leve, grave o muy grave (se habla de hasta 600.000 euros). Del mismo modo ocurrirá en casos de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual.
La semana siguiente, se llevará a cabo el sometimiento del anteproyecto de ley al trámite de audiencia. Estarán presentes asociaciones de consumidores de la comunidad, la confederación Española de cajas de ahorro, la Asociación Española de la banca, entre otras entidades. Por otro lado, el anteproyecto será presentado al Consejo de Consumo antes de ser enviado a la Asamblea para su tramitación.
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